México existe.

Una noticia que es por dentro como otra noticia por su contenido y ubicación.

Un artículo --que por supuesto no es propio, si no ajeno-- sobre el que merece la pena hacer hincapié; interesante hasta la medula.
Y llegados a este punto; aquí es donde se rompen infinitos muchos de los esquemas de la prensa escrita.

Sois vosotros a quienes reconozco.
Son otros quienes nos mecen en el dolor entre crudas inconsciencias en violentas sabanas con tantos estratos y recovecos de realidades sociales impregnadas de miedos ocultos que hasta nuestra propia sombra nos insta a huir de pesadillas de tal magnitud.

Y soberbias las palabras se erizan y no se quieren quedar en nuestra retina si no somos abrazados por la solidaridad y el sufrir de un pueblo.

Yo siempre me sentí abrazado por México.
Iñaki Rd.

Adelante. Pasen y acomódense.

GUERRA SUCIA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Ni derechos ni humanos

El activista Juan Carlos Gutiérrez denuncia que la 'narcoguerra' que se libra en México ha multiplicado las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las torturas

Miércoles, 21 de julio del 2010
TONI CANO
MÉXICO

Juan Carlos Gutiérrez se dedica a tres de las cosas más difíciles de hacer en México: defiende y promueve los derechos humanos, dirige una oenegé y, ahí es nada, educa a la policía de la capital para que deje de torturar. Y mientras algunos viejos agentes se tapan los oídos o tratan de sobornarle, Gutiérrez defiende a otros policías que han sido detenidos y torturados por el Ejército. Porque la situación de menosprecio de los derechos humanos que arrastra México, dice, «se está agravando debido a la lucha contra el narcotráfico, la militarización del país y la presencia de los soldados en las calles».
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Director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh), Gutiérrez ha visto como la guerra del presidente, Felipe Calderón, a los cárteles de la droga «ha disparado los casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y acusaciones indiscriminadas de vinculación con el narcotráfico». Y también ve como «el propio Gobierno maneja el discurso de que el respeto a los derechos humanos y a las garantías recogidas en la Constitución representa un obstáculo en ese combate».

Gutiérrez asegura: «En México nos acercamos a un Estado fallido en derechos humanos. No hay respeto a ninguna garantía procesal, el amparo [protección judicial preventiva] no funciona, el Ejército tiene carta blanca para detener». Lo que se está viviendo en buena parte del país adquiere mayor intensidad en algunas zonas del norte: «Juárez, por ejemplo, es una ciudad en la que las instituciones estatales no funcionan en absoluto, el Estado no tiene presencia, hay un gravísimo problema de desapariciones, no hay investigación, hay agresiones a quienes denuncian y amenazas a los defensores que se hacen eco de la situación». En Tijuana, explica el activista, «el Ejército lo controla todo, los jueces no actúan, no hay un poder civil que vigile lo que se hace con las personas que son acusadas de narcotráfico».

La comisión que dirige Gutiérrez se ocupó del medio centenar de policías de Tijuana detenidos en marzo y torturados en un cuartel militar. Un caso del que también se ha ocupado Amnistía Internacional. La mitad de esos policías siguen encarcelados bajo la acusación de colaborar con el narcotráfico. Gutiérrez asegura que «todos fueron víctimas de torturas brutales» y cuenta que no solo «los familiares que han denunciado esas torturas han sido víctimas también de amenazas». La abogada que los acompaña en sus demandas y actúa de consultora de la Cmdpdh recibió las amenazas en forma de cóctel molotov contra la casa de sus padres y una llamada: «Deja de estar chingando».

El dedo en la llaga

Pero la comisión que dirige Gutiérrez no dejará de litigar en defensa de unos derechos «que la sociedad mexicana no se acaba de creer». De momento, su tesón en documentar la llamada guerra sucia de los años 70 ha tenido premio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró a México responsable de la desaparición del líder campesino Rosendo Radilla, perpetrada por el Ejército en 1974 en Guerrero, en medio de una gran represión, asesinatos masivos y detenciones arbitrarias que dejaron «unos 700 desaparecidos».

Gutiérrez resalta que «esta condena es muy importante porque ordena que se investiguen los hechos en el marco de la legislación ordinaria». Lo que pone el dedo en la llaga de los problemas desatados por la llamada narcoguerra: «Porque en muchos, cuando se abre una investigación, se hace dentro de la jurisdicción militar. Y para las organizaciones de derechos humanos la justicia militar no es justicia, sino una farsa».

Información publicada en la página 11 de la sección de Mundo de la edición impresa del día 21 de julio de 2010
Fuente de la noticia El Periódico de Catalunya.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/20100721/derechos-humanos/397066.shtml